¿Y si hubieran matado a Norman?

Cuando se realiza una consulta sobre temas de fondo, de conciencia o doctrinales rechazo las encuestas. Pues los resultados me parece que no reflejan la realidad. Si a usted le preguntan ¿está de acuerdo o no con el aborto? podrá responder lo que sea y las cifras que se obtengan serán por demás mentirosas. La última encuesta del Grupo Apoyo publicada en un diario capitalino nos muestra una tremenda contradicción provocada precisamente por seguir esos criterios. Cerca de un 80 por ciento de consultados se muestra a favor de la aplicación de la pena de muerte y un 60 por ciento muestra su desconfianza con el trabajo de los jueces que, precisamente, serán los encargados de decidir –Dios quiera que nunca se de el caso, a pesar que don Rafael Rey ha dicho que en el catecismo se admite bíblicamente la pena capital- a quién o quiénes se les aplica la pena capital. Y eso no sólo suena terrible sino que se convertiría en un remedio peor que la enfermedad.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) separó de forma preventiva a dos magistrados por presuntos actos de corrupción. Se trata de Samuel Medina Verástegui, encargado del Tercer Juzgado Penal de Sullana (Piura) y de José Luis Chumbe Velásquez, juez de Paz de Carapongo, Chosica. A Medina se le investiga por presuntamente variar de manera irregular la orden de detención por la de comparecencia de quince procesados por graves delitos, entre los años 2005 y 2006. A Chumbe se le investiga por –presuntamente- pedir una coima de 500 soles a una litigante, a fin de favorecerla con la anulación de una orden de desalojo en su contra, como parte de un proceso del cual era ajena. El último nueve de enero Chumbe fue sorprendido –en un operativo de la OCMA- cuando recibía el dinero. La desconfianza en quienes administran justicia es palpable. Negarlo sería hacerlo con la realidad.
En Iquitos, la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto “condenó” a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva a Norman Lewis del Alcázar en enero del año pasado. Tres meses después la Corte Superior de Justicia de Loreto determinó que Norman dejara la reclusión y saliera en olor a multitud porque los militantes y simpatizantes creyeron que esa era la forma de desagraviarlo. Meses después el Tribunal Constitucional resolvió que la sentencia que había determinado el encarcelamiento de Norman había sido dada en forma irregular y que la misma tenía serios vicios. Pero Norman ya estaba en libertad y la resolución del Tribunal podría ser tomado como un desagravio jurídico. Aunque –claro- siempre existe la posibilidad, como creo que se ha hecho, que el agraviado recurra a las instancias pertinentes para denunciar a quienes cometieron el atropello.
¿Y si le hubieran aplicado la pena de muerte a Norman? ¿Quién le devolvía la vida? Nadie. Y el “error” –que en su momento fue celebrado por los opositores del hoy Vicepresidente de Loreto- hubiera quedado como un dato estadístico más que en Loreto sería recordado como hoy lo es en Lima –guardando la necesaria distancia entre uno y otro- el caso del monstruo de Armendáriz, a quien se le mató por un delito que nunca cometió. Por eso, aparte de la negación doctrinaria a la implantación de la pena de muerte –que la mayoría aprueba- está a quiénes se encargará la misión de decidir sobre la vida de los demás. Y está claro que los más idóneos para cumplir ese triste papel no son los jueces porque la misma encuesta que refleja el sentir ciudadano a favor de la muerte también los desaprueba para ese rol. Mientras se debate el tema pueden –como el caso de Sullana, Chosica e Iquitos aquí señalados- seguir cometiendo errores que los mismos podrán ser subsanados. La muerte no.